Plataforma ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el que se aclare qué documentos solicitó el juzgado cuando se produjo el registro de nuestro ayuntamiento, qué vinculaciones, además de la liquidación de SABFES, existen o han existido en los últimos cinco años con Rafael Parra y sus empresas y qué vinculaciones, más allá del servicio jurídico, existen o han existido en los últimos cinco años con José Antonio Sancho y sus empresas.
Plataforma, en abril de 2014, aportó información al juzgado que lleva la causa, relativa a la vinculación de ambos detenidos con el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber," por si fuera de interés para la investigación.
Plataforma ya solicitó la rescisión del contrato con el servicio jurídico contratado con José Antonio Sancho "por sus imputaciones y por los resultados de algunas actuaciones jurídicas que han acabado en condena al consistorio". Sin embargo, el alcalde decretó prórroga de este servicio en abril de 2014 hasta abril de 2016 por 58.800 euros más IVA.
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