El Síndic de Greuges recomienda al ayuntamiento de San Antonio de Benagéber que informe sobre el agua que no es apta para el consumo.
Plataforma-GuanyemSAB-Compromís presentó una nueva queja ante el Síndic en julio de 2015 pidiendo que se informe directamente a la población en el recibo, entre otros aspectos. Para nuestro grupo el asunto del agua y la total transparencia respecto a su calidad, deficiencias y aviso a la población de las restricciones de consumo es y ha sido un eje fundamental de nuestras actuaciones.
El Síndic recalca que “En el presente supuesto, la importancia de los derechos fundamentales implicados, entre ellos, y harto relevante, el derecho a la salud, que podría verse afectado por el consumo de un agua que no reúne las óptimas condiciones de potabilidad para su consumo por la población” y resuelve, “RECOMENDAR al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber que, en atención a la legislación analizada y de acuerdo con las obligaciones que de la misma emanan, valore las peticiones de información activa que le han sido efectuadas por los interesados en relación con el servicio de abastecimiento de agua potable, en aras a favorecer un mayor acceso de los ciudadanos a la información ambiental.
Nuestra petición se centra en que: En cuanto a la advertencia al consumo del agua, debiera especificarse, como hace el SINAC como NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. Y no sólo en la web municipal, sino en inmediatas comunicaciones individuales a la ciudadanía afectada y en el recibo semestral que se emite.
Para nuestro grupo el asunto del agua y la total transparencia respecto a su calidad, deficiencias y aviso a la población de las restricciones de consumo es y ha sido un eje fundamental de nuestras actuaciones. Ya en 2014 iniciamos una queja ante el Síndic y la Conselleria de Sanitat por unas analíticas que, desde 2012, contenían valores contaminantes que la convertían en No apta. Se cerró el Pozo de San Antonio, pero no se ha solucionado el asunto. Hay que informar más y mejor sobre el agua: Nitratos, cloración, publicación de analíticas e información activa y eficaz a la población afectada.
De hecho el Síndic dice:
Así las cosas, esta Institución no se cansa de repetir que el derecho de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos.
Dicho derecho se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa.
Dados estos fundamentos, siempre hemos puesto especial interés en que los poderes públicos sean extremadamente diligentes en comunicar a los ciudadanos interesados la respuesta, debidamente motivada, sobre sus peticiones y alegaciones, demostrando, además, la máxima receptividad posible a esas demandas, allí donde sea razonable atenderlas, y potenciando la participación de los mismos en el proceso de elaboración de las políticas públicas.
En el presente supuesto, la importancia de los derechos fundamentales implicados, entre ellos, y harto relevante, el derecho a la salud, que podría verse afectado por el consumo de un agua que no reúne las óptimas condiciones de potabilidad para su consumo por la población, abogan por la máxima receptividad de la administración a las solicitudes formuladas y, desde luego, por el estudio, valoración y respuesta a las mismas.
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