dijous, 17 d’octubre de 2013

La reforma de la administración local sigue su curso

El proceso de tramitación de la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local sigue su curso, no sin polémica por la eliminación de competencias municipales. El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, quitarle competencias es alejar al ciudadano de la administración y viceversa. Otra cosa es la gestión municipal y la necesidad de controlarla de manera férrea para evitar los desmanes que se han dado en los últimos años, por ejemplo, en nuestro pueblo.

Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos.

De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.

Visto lo difícil que es sacar adelante reformas de calado, el PP no quiere aprobar solo con sus votos la ley que dará un vuelco a la gestión en los Ayuntamientos. Hoy en el Congreso tendrá de frente a la práctica totalidad del arco parlamentario (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur), que le pedirán que retire el texto y empiece de cero.

El Gobierno sigue enfrentándose con la reforma a los más de 2.000 alcaldes, muchos de su propio partido, que sostienen que se eliminarán competencias en favor de las diputaciones y se privatizarán servicios. A este rechazo se suman comunidades autónomas, como la Junta de Castilla y León (PP), que ha objetado que los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos costarán 200 millones más con el traspaso de la gestión al Gobierno regional. Sin más fondos, ven imposible poder cumplir con la norma, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2014 si los cálculos del Gobierno no fallan.


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A priori no compartimos el aumento de competencias de las Diputaciones provinciales, una administración en horas bajas y muy criticada por su existencia trasnochada. Nosotros siempre hemos apostado por las mancomunidades porque están más próximas a las realidades comarcales pero la norma nueva parece que las suprime.
Veremos cómo afecta a San Antonio respecto a la prestación de servicios y esperemos que suponga una disminución de los gastos. A ver si se puede poner un poco de sentido común en la gestión municipal tan denostada por la tarea del equipo de gobierno municipal.


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