diumenge, 31 de març del 2013

Resumen del Pleno 28 de marzo - III. El complejo deportivo de San Vicente

Plano del complejo deportivo de San Vicente.
El punto 3º del Orden del día: Solicitud de rescisión de contrato del Complejo Deportivo de San Vicente. Se trataba de decidir sobre la devolución o no del aval de 170.781.83 € que depositó la mercantil adjudicataria. Esta empresa concesionaria no ha ejecutado las obras previstas por no encontrar financiación. El proceso arrancó en 2008. Un informe de Intervención considera que hay incumplimiento por parte de la empresa y no hay que devolver el aval. Otro informe posterior de la Secretaría opina que se puede devolver. El equipo de gobierno decide dirigirse al Consell Jurídic Consultiu (donde está el ex-president Camps) y esperar su informe. Votaron a favor de pedir el nuevo informe PP, Psoe y Aisab. Plataforma nos abstuvimos, ¿por qué?

Antecedentes: 
El proyecto consistía en la cesión de un terreno municipal por 40 años para que una empresa privada construyera un complejo deportivo con 3 pistas de tenis y 14 de pádel.  
 Cartel del Polideportivo municipal en su día.
En noviembre de 2008 y marzo de 2009 pasó por Pleno la convocatoria de licitación y la adjudicación de ese complejo deportivo. El portavoz de la Plataforma CD, expresó dudas sobre la viabilidad del proyecto dada la situación económica, pidió prudencia en la actuación municipal y solicitó que se centraran los esfuerzos en acabar el Polideportivo municipal junto al Ceip y la piscina, aún hoy inacabado. El PP respondió que era un proyecto garantizado y se iba a tener unas infraestructuras deportivas que serían un referente en la zona

Se adjudicó a la mercantil Sport Club Benagéber y se firmó el contrato en marzo de 2010. Esta mercantil depositó un aval de unos 170.000 €. Pasó el tiempo y no se iniciaron las obras, según la empresa por falta de financiación. 
Obras abandonadas del Polideportivo mpal. recientemente.

El Ayuntamiento no actuó y no solicitó, según lo firmado y lo previsto en las cláusulas del contrato, ejecución del aval y daños y perjuicios si los hubiera. 

Llegamos a 2013:
Dos años después de los plazos previstos para la finalización; la mercantil ya había solicitado la rescisión del contrato por "mutuo acuerdo", lo que le permitiría la recuperación del aval. 

El Ayuntamiento tiene un informe de Intervención de 2011 que justifica que "debiera procederse a la resolución del contrato de concesión de obra pública, por causa imputable al contratista con la incautación de la garantía." 

El Alcalde flanqueado por el Secretario y la Interventora.
Pero existe otro informe de la Secretaría de marzo de 2013 que considera que "procede resolver el contrato de obra sin culpa del contratista cuando acredita no disponer de financiación para llevar a cabo este proyecto."

El equipo de gobierno del PP de SAB adujo en la Comisión Informativa razones humanitarias para que el titular de la empresa no perdiera el aval. Y algunos expresaron que no existe un vínculo personal con el titular de la mercantil. Nos merece todo el respeto el titular de la empresa. Pero ésta optó a un contrato público para construir y explotar por 40 años unas instalaciones. El presumible beneficio hubiera, lógicamente, sido para la empresa. 

Concejales del PP durante el Pleno.
Desde Plataforma no comprendemos que se deba actuar contra vecinos que tienen impagos municipales, tal y como marca la ley, y tengamos una especial consideración con una empresa cuyo titular no es vecino y por un importe que nuestras arcas municipales necesitan. 170.000 € es más del 3% del presupuesto de 2012. Con 170.000 € se podrían reponer las ayudas escolares suprimidas, o ayudar a familias desahuciadas, o mejorar la limpieza... 

Lo que hicieron nuestros concejales, más allá de analizar los informes de Intervención y Secretaría fue revisar la documentación de la contratación y en las cláusulas administrativas y en el contrato firmado encontramos elementos que nos llevaban a apoyar la opinión de Intervención. No obstante, no nos quisimos oponer a pedir el tercer informe del Consell Jurídic Consultiu porque se supone que se emitirá en pocos meses.

Así que se supone que se volverá a llevar el asunto a Pleno en cuanto se tenga dicho informe. 


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29 març 2013
El PP votó en contra de todas las propuestas que presentamos los grupos políticos. No dio cuenta a la ciudadanía del cumplimiento del Plan de Ajuste, pero el Alcalde, sin que nadie se lo pidiera, se explayó sobre el escudo municipal y su origen para que, esto sí, la ciudadanía estuviera enterada, ¿por qué? 

4 comentarios:

Anònim ha dit...

Bueno yo veo la ley del embudo. Al Ayuntamiento le interesa aplazar la devolución del aval incluso aunque moralmente quiera atender a la rescisión del contrato, lo que me llama la atención es que pidaís que no se devuelva el aval y que se reparta entre la población parece de Curro Jimenez.
Piensen Vd. si se tratara de un particular, que así es, y no lo vean como una mercantil sin cara.

Plataforma SAB ha dit...

Sr. o Sra. Anònim, agradecemos su comentario pero queremos aclarar que cuando decimos que "Con 170.000 € se podrían reponer las ayudas escolares suprimidas, o ayudar a familias desahuciadas, o mejorar la limpieza... " no pretendemos que se reparta entre la población, sino evidenciar que esa importante cantidad que, teóricamente, consta en nuestras arcas bien podría dedicarse a fines sociales o de servicios imprescindibles. Y entiéndanos si pensamos que entre una mercantil y vecinos apremiados prefiramos apoyar los vecinos.

Txus ha dit...

A Anònim; aun no estando totalmente en desacuerdo y tratando de mostrarme lo más empático posible con el solicitante o la mercantil en cuestión, el/la ciudadano/a que paga respetuosamente sus tributos y que, en caso de demorarse escasamente unas horas en el pago de un impuesto o tasa municipal, ninguna de las tres administraciones, la local en este caso, tiene compasión con él/ella viéndose obligado/a a pagar con recargo del 20 %. Si el/la empresario/a, o grupo de empresarios/as, no asumiera cierto nivel de riesgo, pienso que nadie desestimaría la posibilidad de explotar una parcela pública a cuarenta años, como es este el caso, o setenta y cinco en el caso de los CIS!!! Lo contrario sería la ley del embudo, y si jugamos, jugamos todos/as. Digo.

Juan Catalá ha dit...


Por supuesto detrás de cada empresa hay personas. Detras del Banco Santander está la familia Botín. Una familia al fín. Pero no es este el caso. A poco que investiguemos sobre la empresa concesionaria en cuestión, veremos que, en pocos años está repleta de cambios de nombre, de cambios de administrador (este durante un tiempo ha sido una empresa a su vez), de ampliaciones de capital, (Una de las empresas del grupo ha ampliado hasta 4 millones de Pesetas de capital social). Los mismos nombres de personas y empresas van bailando en el entramado de mercantiles, socios y administradores, solidarios, únicos, apoderados, representantes, etc.
Imagino que todo legal y no hay por que pensar que haya nada turbio. Pero de ahí, a concederles un trato humanitario, piadoso y conmiserativo, a base de privar a nuestros conciudadanos, apretados por el cinturón de la crisis y los impuestos, a privarles digo de sus cheques escolares, becas de comedor y demás asistencias sociales. Desde luego, corresponde al ideario del PP. La redistribución negativa de la riqueza. Quitar al pobre para enriquecer al rico. Lo que, desafortunadamente, está sucediendo también a nivel estatal. Son consideraciones que no se tienen con el resto de personas que habitan en este pueblo, que de inmediato se les grava y penaliza cuando no pueden hacer frente a sus gastos en tiempo y forma. No se trata de negocios, si no de supervivencia.
No sería justo devolver el aval y sobre todo un agravio comparativo con quien si cumple, a veces dolorosamente, con sus obligaciones.

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