Hoy tienen que declarar los imputados E. Cañizares y F. del Baño.

Del Baño, Blasco y Cañizares, trío de imputados.

¡¡¡SUSPENDIDAS LAS DECLARACIONES. LOS IMPUTADOS UTILIZAN MANIOBRAS DILATORIAS!!!Hoy tienen que declarar en los juzgados de Paterna el Alcalde E. Cañizares y el exconcejal y futuro diputado autonómico, F. Del Baño por las denuncias presentadas hace un año en fiscalía por Plataforma.

Tienen que explicar qué pasó con los libros conmemorativos por los que se pagaron 50.000 € y que no existen y qué pasó con los trabajos de jardinería contratados verbalmente por Del Baño, por valor de casi 50.000 €. Se les imputa por presunta prevaricación administrativa.

Se les podría castigar con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Del Baño en el Pleno de la factura de jardinería.

No sabemos qué puede ocurrir, si pretenderán escurrir el bulto con alguna artimaña o afrontarán, como han dicho en los Plenos, la declaración judicial para "aclarar los hechos".

Cuando Del Baño tome posesión de diputado (el primero que accede al cargo siendo ya imputado) será aforado, uno de los cerca de 17.000 del estado, y se le tendrá que juzgar por el TSJ.

Alcalde popular.

El PP valenciano, con Fabra a la cabeza, pretende minimizar lo sucedido. Pero un delito es un delito. Hacer distinciones sobre sus categorías no ayuda a limpiar la imagen de los políticos. Da la impresión que el PP se queda sin cantera para las elecciones municipales si no levanta la "línea roja" que el propio E. Cañizares criticó hace poco. 

Pero la ciudadanía está harta de las actuaciones impunes de los gestores públicos, que casi nunca acaban pagando por sus actuaciones. Si no saben cómo gestionar dentro de la legalidad, si no saben ser "profesionales" de sus cargos, que se vayan a sus casas y dejen paso a quienes estén más capacitados.

Noticia de El Mundo.
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Qué es la Prevaricación

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

Regulación legal del delito:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

TÍTULO XIX

Delitos contra la Administración pública

CAPÍTULO PRIMERO

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

Artículo 404

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.