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El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentado este pasado viernes en el Consejo de Ministros, incluye un total de 217 propuestas, recogidas en un documento de 253 páginas.
Algunas de ellas, muchas, son perfectamente asumibles por todos los grupos políticos (administración electrónica, por ejemplo). Otras, aquellas con un contenido político/ideológico mayor, son más polémicas.
Otra cosa muy distinta será el cómo se implementen estas medidas, en definitiva, las normativas y reglamentos que los desarrollen en el futuro ¿próximo?.
Habrá que estar atentos, especialmente en lo que nos afecte a las administraciones locales.
Al final del artículo se pueden encontrar enlaces para ver más opiniones sobre la reforma.
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Éstas son algunas de las medidas más destacadas (según El Mundo):
Facturas electrónicas
El Gobierno pretende hacer obligatorias las facturas electrónicas para algunos proveedores del sector público desde el año 2015. Es una de las medidas que incluirá el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable, con el objetivo de "implantar las tecnologías de la información y las comunicaciones" para incrementar "la productividad y la competitividad de la economía española", según destaca en el informe. La ley será aplicable a todas las administraciones, incluidas las entidades institucionales y las Comunidades Autónomas, e impulsará el uso de la factura electrónica tanto el sector público como en el privado.
Productividad y eficiencia
El Gobierno quiere implantar una especie de auditoría en el conjunto de las entidades públicas. El objetivo es que todas las unidades dispongan de "métodos de evaluación de su actividad adaptados a sus características". Esta auditoría estará controlada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los resultados que se obtengan deberán hacerse públicos en los portales de Internet de cada uno de los entes implicados para que los ciudadanos puedan tener acceso.
Programación de espectáculos
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música creará una programación que podrán utilizar los ayuntamientos y una red de intercambio de recursos entre los principales teatros de Ópera y Zarzuela de España. La crisis económica ha obligado a los ayuntamientos y comunidades a realizar ajustes presupuestarios. Por eso, se propone que el INAEM firme un protocolo de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Retención de financiación
Está previsto que el Ministerio de Hacienda retenga a las Comunidades Autónomas de sus sistemas de financiación la cantidad correspondiente a la deuda que acumulen con sus proveedores, cuando éstas hayan incumplido durante más de cuatro meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado para abonar sus facturas (un mes). Se establece la necesidad de integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera y se obliga a las Administraciones Públicas a publicar el periodo medio de pago a proveedores (PMP) para que cuando incumplan el periodo máximo de pago Hacienda pueda adoptar las medidas necesarias a través de un "sistema automático y progresivo de control".
Organismos públicos
Está prevista la reforma de hasta 57 organismos públicos y la posible supresión de 90 observatorios autonómicos y estatales. Además, el Ejecutivo tiene la intención de suprimir 17 de las actuales 48 fundaciones del Estado. El objetivo, en palabras de Santamaría es el de "avanzar en un Estado autonómico con gestión descentralizada y una Administración que cambia de óptica".
Defensores del pueblo autonómicos
Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios y hasta 10 cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, informa Europa Press.
En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros. Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros.
"Al objeto de lograr una mayor e ficacia y e ficiencia en la tramitación de las quejas de los ciudadanos, se propone la asunción plena de las competencias de los órganos autonómicos por el Defensor del Pueblo del Estado. Esta medida permitiría a las CCAA el ahorro del presupuesto anual dedicado al sostenimiento de sus respectivos órganos", reza el informe del Gobierno.
Violencia de género
El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad ha admitido que existen "disfunciones e ineficacias" en la planificación de las políticas de violencia de género. Para paliar esta situación, el Gobierno aboga por implementar mecanismos de planificación y actuación conjunta y por poner en red los recursos y servicios contra la violencia de género. El objetivo final es aprovechar las estructuras existentes y lograr una mejor coordinación de los distintos departamentos ministeriales en materia de igualdad de hombres y mujeres.
Destrucción de empleos públicos
El Ejecutivo presume de haber acometido un "adelgazamiento" de la Administración General del Estado en un tiempo récord. Asegura que se trata de un proceso para eliminar de la administración todo lo superfluo y queda de manifiesto con "la reducción de 26.200 millones de euros de gasto público y 375.000 empleos públicos" en apenas el primer año de mandato en La Moncloa. "Este adelgazamiento no es temporal, ni siquiera consecuencia última de la crisis, sino que desde el comienzo de la legislatura se está propiciando un cambio estructural en la Administración apoyado en criterios de eficiencia", señala el documento.
Recortes en gastos de personal
Las CCAA cargarán con el mayor recorte en gastos de personal del total previsto hasta 2014. El ahorro total desde 2012 hasta 2014, ambos inclusive, será de 12.966 millones de euros, de los que 8.542 millones corresponderán a las autonomías. Esta cantidad se reparte entre los años 2012, 2013 y 2014 y es fruto de las medidas que adoptó el Gobierno en materia de empleo público durante el pasado ejercicio, entre otras, la de establecer en cero la tasa de reposición para la administración pública; la reducción de los días por asuntos propios o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y 30 minutos semanales, entre otras.
Espacios de publicidad institucional
Con esta propuesta se conseguiría que los Ministerios, sus organismos y demás entidades del sector público estatal que contraten publicidad institucional "aumenten la eficacia y la eficiencia" en la contratación de dichos servicios. "Por ello se propone la centralización de la compra de espacios en medios de comunicación, para conseguir un adecuado soporte en la publicidad institucional de la Administración General del Estado y centralización de la evaluación ex post de la eficacia de las diferentes campañas de publicidad institucional".
Ayudas a las víctimas del terrorismo
Según el informe, las víctimas de atentados terroristas reciben una cobertura desigual en función del lugar de residencia. La Comisión ha detectado, además, que existen "ineficiencias" referidas a posibles solapamientos de medidas de fomento y apoyo al movimiento asociativo de las víctimas, debido a que Andalucía, Aragón, Madrid, Navarra, la Comunidad Valenciana, Extremadura, el País Vasco y Murcia poseen un régimen de resarcimientos y ayudas complementario del estatal. En respuesta a este asunto, Interior adoptará un instrumento de planificación conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas.
Fondo humanitario
El Gobierno creará un fondo humanitario con las CCAA para responder de forma conjunta ante los casos de ayuda de emergencia y acción humanitaria urgente, de modo que no se produzcan solapamientos y de forma ordenada se haga llegar la ayuda allí donde se necesite. Por otra parte, también propone que Exteriores controle la situación de los posibles remanentes de aportaciones realizadas por España a las oficinas internacionales. Para ello se articulará una base de datos única de la Administración del Estado que contenga los datos más relevantes de todas las contribuciones a las oficinas internacionales.
Sin Unidad de Apoyo de Desastres
Será eliminada al existir duplicidades con las funciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El informe indica que encuentra una "duplicidad parcial" entre ambos cuerpos en la medida en que la UAD ya no tiene espacio interno de actuación desde la creación de la UME, como medio sustancial de apoyo estatal a las comunidades autónomas en caso de desastres. El documento prevé, además, la creación de la Conferencia Sectorial de Protección Civil, con el fin de alcanzar estrategias compartidas, así como de diseñar e implantar un sistema de evaluación e inspección que se guíe por unos planes comunes.
Venta de inmuebles públicos
El 46% de los inmuebles públicos que el Gobierno pretende poner a la venta pertenece a Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa y al Instituto de la Vivienda. En concreto, de la lista de 15.135 edificios enajenables repartidos por toda España elaborada por el Ejecutivo, la mayoría de ellos, 8.170 pertenecían hasta ahora al Ministerio de Defensa y al Instituto de la Vivienda. Además, la lista recoge otros 5.017 edificios a la venta de Patrimonio del Estado, 1.524 de Adif, 131 de las sociedades del Grupo SEPI -112 de Correos y 19 de SEPIDES-, 117 de la Tesorería General de la Seguridad Social y otros 19 de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado.
Cambio Ley Extranjería
Se fijarán unos criterios comunes en toda España en relación con la integración de los inmigrantes, ya que, según alerta, se está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso" de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios", así como "en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio nacional". El Gobierno advierte de que la integración de los inmigrantes ha sido desarrollada por Estado, CCAA y corporaciones locales, "ejerciendo competencias concurrentes sobre la materia, bien directamente a través de la asistencia sanitaria o la educación, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas de integración socio laboral de los inmigrantes".
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